SENTENCIA CONTRA TRANSNACIONALES EN COLOMBIA

Salvatore Mancuso es uno de los jefes derechistas del grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), está encarcelado por genocidio en un penal de máxima seguridad y se le acusa de más de 300 asesinatos de alcaldes, sindicalistas, campesinos e indígenas en el departamento de Córdoba, al norte del país.
Conocido por los alias de “Mono Mancuso”, “Santander Lozada” y “Triple Cero”, habla tres idiomas (español, italiano e inglés).


En sus declaraciones ha revelado, entre otros aspectos, que participó en unos 87 hechos criminales, entre ellos torturas, robos, violaciones, masacres, secuestros, tráfico de armas, narcotráfico y que ordenó la muerte de unas 436 personas entre jóvenes, mujeres, ancianos y niños...



Otras causas en su contra:
· 21 órdenes de captura por homicidio
· Una solicitud de extradición de Estados Unidos por narcotráfico.
· La justicia colombiana ha comprobado que en los últimos años el jefe de las AUC dirigió el transporte de 20 toneladas de cocaína rumbo a la Unión Americana.


El narcotraficante Salvatore Mancuso le relató a la periodista Natalia Springer que desde 1997 las empresas bananeras transnacionales Chiquita Brands (ex United Fruit), Dole y Del Monte, junto con las compañías locales Banacol, Uniban y Proban, le pagaban por asesinar a jóvenes estudiantes, dirigentes comunales, campesinos y sindicalistas “incómodos” para el gobierno.


También mencionó a la productora de gaseosas Postobón, líder del sector de bebidas no alcohólicas colombianas, y a la fábrica de cerveza Bavaria, que controla el 99 por ciento del mercado cervecero de Colombia y Perú, el 93 por ciento en Ecuador y el 78 en Panamá. Bavaria, dueña de las marcas Costeña, Águila, Cristal, Pilsener y Atlas, fue adquirida por la firma la británica SAB Miller en más de siete mil millones de dólares.


A comienzos de abril de este año, Chiquita Brands fue multada con 25 millones de dólares por una corte estadounidense, tras admitir que pagó 1,7 millones de dólares a las AUC a cambio de seguridad en la región de Urabá, en el aislado noroeste de Colombia.


En Bogotá, durante los dos primeros días de abril, se llevó a cabo el Tribunal Permanente de los Pueblos –TPP-, para enjuiciar a las transnacionales Coca Cola, Nestlé y Chiquita Brands por sobreexplotación de la mano de obra y por su responsabilidad en el genocidio y persecución a personas involucradas en movimientos sociales. Al final, las acusaciones a las empresas y a los estados cómplices reconocen el origen de los problemas que padecen los trabajadores y la sociedad colombiana en general.



Por todo ello, el Jurado resuelve ACUSAR:

1. A las empresas transnacionales Nestlé, Coca-Cola y Chiquita Brands, tanto a sus sedes centrales como a sus filiales en Colombia:

- por violaciones graves y masivas de los derechos laborales, y específicamente de la libertad sindical; por desprecio de la dignidad y de la vida de los trabajadores y sus comunidades, así como por el respaldo a políticas económicas que contribuyen al deterioro dramático de las condiciones de vida y salud de una parte creciente de la población colombiana.

- por fraude a sus consumidores al asumir unos compromisos de responsabilidad social que incumplen flagrantemente en Colombia.
Sin perjuicio de lo anterior, cualquier persona vinculada a estas empresas es también individualmente responsable en el ámbito penal como autor o cómplice de aquellos crímenes de lesa humanidad en los que pueda haber participado.


2. Al Gobierno de Colombia:

- por incumplimiento del derecho al trabajo, que su Constitución política reconoce, así como de los derechos laborales reconocidos en diversas convenciones internacionales celebradas en el marco de la OIT, como la nº 87 y la nº 98.

- por incumplimiento de sus obligaciones de persecución de los crímenes de lesa humanidad y en particular de la violación del derecho a la tutela judicial efectiva y de los derechos reconocidos internacionalmente a las víctimas de dichos crímenes, debido a la ausencia de un poder judicial realmente independiente.

- por incumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de persecución del terrorismo.

Sin perjuicio de lo anterior, las personas pertenecientes a los órganos del Estado, sea cual sea su posición en ellos, son también individualmente responsables en el ámbito penal, como autores o cómplices, de aquellos crímenes de lesa humanidad en los que hayan participado.



3. A Estados Unidos y Suiza, como Estados cuya nacionalidad tienen las empresas transnacionales analizadas:

- por permitir que dichas entidades jurídicas puedan incumplir en su actividad económica en otros países los estándares internacionales de derechos humanos que en sus países de origen serían obligados a respetar.



El jurado es consciente de que lo que ocurre de manera paradigmática en Colombia, por lo que se refiere a las relaciones entre transnacionales e instituciones estatales, toca el tema crítico de las relaciones entre derechos humanos, leyes y prácticas económicas. En este campo las instituciones internacionales, dominadas por los intereses de los Estados, se resisten a tomar posición clara en la defensa concreta de los derechos humanos. Fiel a la vocación fundacional del TPP, el Jurado se dirige a los movimientos, las organizaciones y los individuos que piensan que los derechos de los pueblos son inviolables y los invita a que hagan todo lo posible para:

· Continuar la lucha contra la impunidad utilizando todos los medios a su alcance y en particular, mantener las denuncias en el marco del sistema interamericano de los derechos humanos.
· Fortalecer y coordinar las políticas de boicot a los productos de estas transnacionales, sobre todo en orden a la concienciación de la opinión pública;
· Estudiar la posibilidad de abrir procedimientos judiciales por fraude a los consumidores en los países donde operan estas empresas.
· Acumular pruebas y documentos que permitan formular denuncias concretas ante la Corte Penal Internacional o ante las jurisdicciones nacionales por crímenes contra la humanidad.
· Exigir que los medios de comunicación no garanticen el silencio sobre los crímenes en los que se vean involucradas empresas que pretenden proponerse como promotoras del desarrollo y de la salud.
· Contribuir a dar a conocer a la opinión pública mundial los hechos denunciados en esta Audiencia. ...”

El proceso del TPP continúa buscando documentar, sustentar y visibilizar las acusaciones realizadas por las comunidades afectadas por los intereses de las empresas transnacionales en todo el país. En noviembre de 2006 se juzgarán las empresas mineras del oro, en febrero del 2007 las empresas madereras y de palma africana, en agosto del 2007 las petroleras, en noviembre de 2007 las mineras del carbón, en marzo del 2008 las de servicios públicos, y en julio de 2008 se hará un juicio sobre el modelo económico y militar impuesto en Colombia.